El marco legal convierte al sistema financiero en agente contra el crimen organizado
La Ley n.º 15.358/2026, también llamada “Ley Antifacciones”, que establece el marco legal de lucha contra el crimen organizado en Brasil, tiene un objetivo claro: crear directrices para afrontar organizaciones criminales ultraviolentas, grupos paramilitares y milicias privadas. Pero lo que hace esta ley especialmente relevante para el sistema financiero no es solo la tipificación de los delitos, sino los mecanismos que permiten alcanzar directamente la infraestructura económica que sostiene la circulación de recursos de estas organizaciones.
Al actuar sobre los flujos financieros y las operaciones económicas, la legislación conecta la represión penal tradicional con la esfera financiera. Así transforma a bancos, medios de pago y plataformas digitales en instrumentos activos para contener actividades ilícitas.
En el capítulo II de la ley, sobre medidas cautelares de aseguramiento, no se establece solo un conjunto de herramientas jurídicas, sino una capacidad práctica de intervención sobre el flujo económico. Si existen indicios suficientes, resulta posible decretar, incluso durante la investigación, medidas que afectan directamente al funcionamiento de las instituciones y a la fluidez de los pagos.
De Pix a las transacciones irregulares en apuestas
Entre ellas están el bloqueo y la indisponibilidad de bienes y valores, incluidos los activos digitales; la suspensión o limitación de actividades económicas; y, de manera especialmente relevante, el bloqueo de acceso a sistemas financieros, medios de pago y plataformas digitales, incluidos instrumentos de crédito, débito y transferencias electrónicas como Pix.
La propia estructura de la ley refuerza la centralidad del sistema financiero en este proceso. La comunicación obligatoria a organismos como el Consejo de Control de Actividades Financieras (Coaf), el Banco Central (BC), la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM), la Superintendencia de Seguros Privados (Susep) y la Hacienda Federal crea un entorno de actuación coordinada. En él pueden activarse simultáneamente múltiples capas de monitorización y bloqueo.
Este movimiento se conecta directamente con otras evoluciones del marco regulatorio, como las obligaciones sobre operadores irregulares del mercado de apuestas. En estos casos, las instituciones financieras y de pago deben bloquear cuentas e impedir nuevas transacciones que posibiliten actividades no autorizadas, además de integrarse en sistemas de intercambio de información para identificar patrones de fraude y riesgo.
Papel activo
Por un lado, la legislación crea mecanismos para interrumpir flujos asociados a estructuras criminales. Por otro, la regulación atribuye al sistema financiero la responsabilidad de impedir que determinados flujos lleguen a producirse. Las instituciones asumen, de forma más explícita, un papel activo al filtrar lo que puede o no procesarse. La ley transforma la infraestructura financiera en uno de los principales medios para contener actividades ilícitas.
Pero este cambio no es solo operativo. A medida que la regulación establece situaciones en las que deben interrumpirse determinadas transacciones, por orden judicial o por su encuadre regulatorio, se forman nuevas expectativas sobre la actuación institucional. Cuando las normas, las comunicaciones obligatorias y las decisiones judiciales determinan bloqueos o restricciones, la actuación deja de ser discrecional. El avance tecnológico, la monitorización en tiempo real, el análisis de patrones y la integración de datos amplían el alcance de las instituciones sobre lo que circula por sus sistemas.
Y cuando existe deber y capacidad, la inacción deja de ser neutral. No interrumpir un flujo cuando ya existen elementos suficientes para contenerlo se acerca a un problema de gobernanza, control y responsabilidad, en lugar de ser solo un fallo operativo. Por otra parte, ampliar la capacidad de bloqueo trae desafíos, como el aumento del riesgo de falsos positivos, interrupciones indebidas e impactos en clientes y operaciones legítimas.
Cada decisión de bloquear o impedir una transacción pasa a tener efectos operativos, jurídicos, reputacionales y comerciales. El movimiento impone una nueva responsabilidad a las instituciones: además de procesar transacciones con eficiencia, decidir en tiempo real qué flujos no deben existir.
Director ejecutivo de la Asociación Brasileña de Banking as a Service (ABBaaS).
📌 Artículo publicado originalmente en Finsiders Brasil